Más allá de los “altos y bajos” experimentados en la Conferencia de Paz, Leopoldo Puchi considera que existen posibilidades reales de destrancar el juego político.

Estima que ambas partes deben ceder: por un lado, el Gobierno debe responder a los planteamientos de la oposición, y por el otro, la oposición debe insertarse en el sistema político sin reclamar cargos en el Ejecutivo, ni fórmulas de entendimiento a niveles cupulares.

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¿Cuál es el estatus real del proceso de diálogo?

Están suspendidas las reuniones y las conversaciones. Sin embargo, se trata de un esfuerzo que hay que retomar, más allá de las diferencias. En cualquier sistema político debe existir una dinámica funcional entre Gobierno y oposición. Es muy importante lograr que una parte de la oposición, la oposición moderada, se incorpore al sistema político. Lo cual no necesariamente significa que se les deba dar o ellos aspiren a cargos en el Gobierno, pero sí es muy necesario que exista una interrelación con el Ejecutivo Nacional y con el partido de Gobierno.

¿Qué entorpece o dificulta que se avance en la agenda propuesta?

Por el momento algunas de las peticiones realizadas por la oposición no han podido concretarse. Sin embargo, esto no significa que no puedan concretarse en el futuro ni tampoco el diálogo es que para que se concreten todas las propuestas. El diálogo es para intercambiar opiniones y buscar soluciones a los problemas planteados.

Entre estas peticiones de la oposición está el tema de los denominados “presos políticos”. ¿El Gobierno debería ceder ante sus exigencias?
Para dar una muestra de apertura y de voluntad de restablecer ese diálogo político es conveniente que del lado del Gobierno se escuche y se responda favorablemente a algunas de las demandas que realiza la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Es decir, ¿El Gobierno debería promulgar la Ley de Amnistía que reclama la oposición?

En las conversaciones iniciales, hubo un acuerdo de estudiar caso por caso y se constituyó una comisión dedicada exclusivamente a eso. Se trata de un mecanismo que pudiera ser práctico y útil. La idea es estudiar el asunto y comparar las diferentes soluciones posibles. No necesariamente eso pasa o conlleva a la aprobación de una Ley de Amnistía.

¿Qué propuestas surgieron de esa comisión? ¿Me imagino hubo interés en casos emblemáticos como, por ejemplo, el caso del ex comisario Iván Simonovis?

En el caso de Simonovis se avanzó de manera muy positiva. Se realizó una reunión con los familiares de las víctimas del 12 de abril de 2002. Hubo un reclamo de parte de ellos de haber sido invisibilizados. Se aceptó el informe médico de Simonovis y existió la voluntad de buscar una medida favorable para él.

¿Estaría de acuerdo con una medida humanitaria para Simonovis?

En su caso sí. Eso contribuiría en darle mayor fluidez a las relaciones oposición-Gobierno. Se traduciría en un gran aporte político, muy conveniente y útil para el país en los actuales momentos. Eso sin mencionar el carácter humanitario implícito.

Usted habla de una oposición moderada como la más calificada para conversar con el Gobierno ¿Por qué?

En la oposición hay dos sectores: uno radical y otro moderado. El ala moderada es la que tiene posibilidades reales de interlocución con el Gobierno, ya que ha manifestado cierta voluntad de integrarse al sistema. El sector radical no quiere formar parte del sistema político.
¿Usted considera que este estancamiento del proceso se debe a posiciones sesgadas de cada grupo o a presiones externas?

Recuerda que se viene de una etapa de muchas fricciones. Durante los últimos meses, se ha desatado una violencia de calle en la cual se inscriben las guarimbas. Esto por parte de la oposición. Y del lado gubernamental surgieron posiciones muy duras en aspectos como la integración y la presidencia de las comisiones de la Asamblea Nacional.

Ha habido actitudes en ambos sectores que pueden dificultar los avances en el proceso de diálogo. No obstante, esto no significa que el diálogo este clausurado. Son situaciones que pueden ir avanzando progresivamente.

Aunque esté temporalmente paralizado el diálogo, no significa que no haya habido avances, entonces ¿por qué continúa la violencia política?

Existe un sector radical que propone una ruptura, una especie de caída y mesa limpia y, adicionalmente, ha apelado a mecanismos de violencia callejera. Por supuesto eso crea un problema y precisamente porque existía ese problema es que se convocó a una mesa de diálogo con los otros sectores que no están de acuerdo ni participan en esas actividades.

El partido Voluntad Popular defiende la denominada “salida” como un mecanismo para la dimisión o abdicación de este Gobierno, ¿Usted cree que estas posiciones contribuyen a fortalecer el diálogo político?

Por supuesto que no. El planteamiento que realiza ese sector es una de las causas de la situación conflictiva que vive Venezuela. Lo que se intenta es que el sector moderado que no comparte esas posturas dentro de la oposición de un paso y se integre al sistema político. Sin embargo, ellos no tendrían capacidad de neutralizar la conducta de los sectores radicales.

¿El gobierno avanza en el diálogo o sólo le interesa que salga por los medios que se sentó en la mesa con quienes lo adversan, como la MUD y Fedecámaras?

En el terreno político, el Gobierno debe cobrar más conciencia de la necesidad de realizar un esfuerzo mayor al que ha realizado hasta ahora para integrar a esta fracción moderada de la oposición. Se han dado pasos en esta dirección, la misma Conferencia de Paz es el ejemplo más representativo.

En materia económica, ha habido anuncios de acuerdos, pero Fedecámaras insiste en que no se concreta nada de lo que se promete ¿En qué estatus están estos acuerdos?

Se han concretado acuerdos en diferentes materias. Entre los más importantes destaca el reconocimiento por parte del Presidente Maduro de que el sector privado tiene un peso importante en la consolidación de un esquema de economía mixta que también abarca los sectores público y comunal.

Asimismo, destacan decisiones prácticas de equilibrios macroeconómicos tomadas por el Gobierno como la necesidad de la adopción de un sistema cambiario único, la cancelación de las deudas en divisas de Cadivi. La priorización de la industria de alimentos, farmacéutica y las líneas áreas para recibir dichos pagos. También, la disposición a que se aplique rigurosamente la Ley Orgánica del Trabajo para evitar el ausentismo laboral.

El Gobierno se comprometió a suministrar la lista de los implicados en el robo de los 30 millardos de dólares en Cadivi.
Ahora lo que hace falta es acelerar estas decisiones, concretarlas, pasar del dicho al hecho. El que se hayan concretado acuerdos en pro de la estabilización de la economía es un avance importantísimo que redunda en estabilidad social para Venezuela.

¿Cómo evalúa la iniciativa y participación de Unasur en todo este proceso?

A la Unasur le corresponde asumir el papel de “testigo de buena fe”; su presencia es de acompañamiento desde el punto de vista institucional y le confiere un estatus de seriedad a las conversaciones. Más allá de eso es equivocado pensar que esta organización pudiera desempeñar un rol de mediador o árbitro que toma decisiones luego de escuchar a las partes.

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