Aunque para un número significativo de venezolanos el 1° de Mayo se ha convertido en sinónimo de aumento salarial, la realidad es que, esta fecha, fue establecida -en el ámbito mundial- como Día del Trabajador, entre otras cosas, como un un día para reivindicar los derechos laborales de hombres y mujeres por igual; lucha que no podía pasar inadvertida en Venezuela: Hace dos años, se produjo un gran número de denuncias y protestas con el anuncio de una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, en abril de 2012.

A propósito de la entrada en vigor de esta Ley, el -para ese momento- presidente Hugo Chávez afirmó que “se trata de una deuda de más de una década con los trabajadores, que debemos honrar (…) la Ley será justa, socialista, hecha por los trabajadores y no por la burguesía (…) será un instrumento maravilloso para transitar del capitalismo al trabajo como tal”; un grupo de trabajadores aseguraba desconocer el contenido real del proyecto, mientras otros tantos se mostraban en desacuerdo con los cambios que el estamento legal sufriría.

Doctora Rosa Campos, Abogada especialista en materia Laboral y Directora de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio José Félix Ribas (Eje Este de Aragua).
Doctora Rosa Campos, Abogada especialista en materia Laboral y Directora de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio José Félix Ribas (Eje Este de Aragua).
Así pues, la conflictividad laboral fue uno de los elementos que describió la realidad nacional, regional y municipal, durante el segundo trimestre de 2012, sobre todo teniendo en cuenta que la incertidumbre se apoderaba de los gremios económicos, cuyos voceros se sentían excluidos de las discusiones que, de acuerdo a representantes del gobierno, se estarían concretando en debates abiertos; incluso muchos de los anuncios se realizaban a través de la red social Twitter.

Lo cierto es que después de dar mucho de qué hablar, salió a la luz pública el proyecto definitivo de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). El lunes 30 de abril de 2012 el presidente Chávez (en el marco de la habilitante y en cadena nacional) firmó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza, y el 4 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la constitucionalidad de su carácter orgánico, entrando en vigencia el 7 del mismo mes tras ser publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.916.
Un total de 554 artículos y 7 disposiciones transitorias contemplan la normativa. Pero, a escasos días de cumplirse dos años de su aplicación ¿Cuáles son los avances en materia de seguridad laboral-social?, ¿Se garantizan los derechos y obligaciones del trabajador?, ¿Se cumplen a la fecha o simplemente se traducen en letra muerta?.

Rosa Campos, Abogada especialista en materia Laboral y Directora de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio José Félix Ribas (Aragua), responde a estas interrogantes destacando los cambios más significativos que sufrió tan importante estamento legal. Cambios que “se cumplen, a cabalidad, en un número considerable de empresas e industrias (…) sea cual sea la razón, la realidad es que el patrono ha hecho lo posible por adecuarse a la LOTTT”.

Antes y ahora

Al ratificar que “es una Ley netamente garantista, humanista, en la que el trabajo se refleja como un hecho social, reivindicando al trabajador como el protagonista de la riqueza, en vista que participa de manera activa en la producción”, Campos resalta entre los avances más importantes: la retroactividad de las prestaciones sociales, saldando una mora que se tenía desde 1997.

“Se garantiza el derecho a prestaciones sociales que recompensen la retroactividad en el servicio (en concordancia con la Constitución en su Art. 141), estableciendo para la garantía y cálculo de las prestaciones: 15 días por trimestre calculados en base al último salario devengado. Sin duda alguna, un significativo paso al frente.

Dentro de ese contexto, no hay que dejar de lado el reclamo de prestaciones sociales, un derecho para el cual “se brindaba un período de un año, y, con la reforma se extendió a diez. El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo, prescriben en el lapso de 5 años”.

Entre tanto, la tercerización se relaciona con términos como el fraude o simulación (Art. 47), prohibiéndose en varias formas -con una prórroga de 3 años- desde su entrada en vigencia, para que se elimine en su totalidad, por considerarla una figura que se utilizaba para evadir los compromisos laborales. “Yo como empresario contrataría a través de una supuesta empresa a la que ese trabajador pertenecería, pero, de igual manera me prestaría servicios a mí, no percibiendo beneficios de mi organización sino de otra empresa en los que quizás éstos eran menores”. Aclara “ahora, se mantiene la figura del contratista, pero, para determinados trabajos comprobables y no para evadir la Ley”.

Leonardo Rojas, secretario general del sindicato UTRAPOSA (agrupa al sector público del estado Aragua).
Leonardo Rojas, secretario general del sindicato UTRAPOSA (agrupa al sector público del estado Aragua).

Asimismo, Campos resalta la protección del trabajador contratado a tiempo indeterminado, a partir del primer mes de antigüedad (antes era a partir del cuarto mes). “Y si de trabajadores a tiempo determinado se trata, el patrono puede contratar hasta por un año, para la realización de un trabajo determinado u obra específica y, no, por el contrario, para evadir sus compromisos laborales, pues, de ser así, el contrato quedará automáticamente sin efecto y el trabajador gozará de toda la inamovilidad”.

En ese orden de ideas, cabe resaltar las sanciones establecidas para los patronos que intenten vulnerar derechos de los trabajadores como el reenganche; “una medida que ahora deben acatar de manera inmediata (…) ya las providencias no se quedan engavetadas: se cumplen o hay sanciones directas que van desde el arresto en materia de responsabilidad penal, hasta aplicación de multas e incluso perdida de solvencias laborales”.

Campos agrega que “también se establecieron límites y tipos de la jornada de trabajo con la intención de que el trabajador fortalezca los lazos familiares, goce de actividades complementarias y estudie”.

Contempla además “la elevación de uno a dos años el periodo de inamovilidad para padres y madres de un niño recién nacido, resaltando entre las innovaciones en esta materia: el hecho de que la licencia maternal en Venezuela se extiende con un permiso post-natal remunerado de 20 semanas. Entre tanto, el padre puede faltar al trabajo los 14 primeros días del nacimiento de su hijo”.

La Ley establece, además, el beneficio de la lactancia materna, establecida en una hora y media diaria. Campos aclara que “este permiso no es para la madre, sino para el lactante, por cuanto el patrono no debe permitir que la misma se valga de este para salir más temprano de su jornada, sino velar porque se cumplan con el horario adecuado de lactancia”.

¿Un arma de doble filo?

Dicho esto, cabe preguntarse si algunas de las modificaciones que sufriera la mencionada Ley Orgánica representarían un arma de doble filo, a lo que respondió: “como todo tiene sus contras. Para mí lo contraproducente es precisamente el hecho de que el trabajador se valga de sus derechos para incumplir con sus obligaciones, por cuanto al patrono se le tornará cuesta arriba al momento en que deba calificar su desempeño laboral”.

A su juicio, la Ley ha generado en el trabajador “la tranquilidad que representa tener su trabajo asegurado. Saben que existe inamovilidad y, por ende, seguros de que no los pueden botar: faltan a diestra y siniestra sin temor, incluso, a falsificar justificativos médicos. En resumen, se han incrementado los llamados reposeros y se ha incrementado la corrupción en lo que respecta a este tema, teniendo el patrono la difícil tarea de demostrar la falta. De no lograrlo, los inconscientes seguirán haciendo de las suyas y el dueño no tendría otra opción más que aumentar la nómina con la inclusión de quienes serán los suplentes”.

Cuestión de consciencia

En tal sentido, cataloga como fundamental el papel que en el cumplimiento de la LOTTT juega la consciencia de los trabajadores y, de igual manera, los patronos. “Creo que aún debemos trabajar en función de darle el impulso para que todos los actores involucrados tengan plena consciencia del beneficio que este estamento legal significa para ellos”.

Al admitir que a muchos de los beneficios no se les ha dado vida, citando como ejemplo los Consejos de Trabajadores que “se han creado dentro de muy pocas empresas”, la doctora Campos lamenta que la plataforma humana de los órganos administrativos del poder público (necesaria para garantizar el cumplimiento de la Ley) no se dé abasto, citando como ejemplo el caso del municipio ribense donde hay una sola unidad fiscalizadora y más de 3 mil empresas.

Órganos reguladores

Tras lo antes descrito, es de citar la posición de Leonardo Rojas, secretario general del sindicato UTRAPOSA (agrupa al sector público del estado Aragua), quien opina “a dos años de su aplicación, hemos visto los avances, sobre todo en materia de inamovilidad. Gracias a esta innovación, los despidos injustificados han mermado significativamente. No obstante, se deben enfrentar lagunas en temas como el de la seguridad social, pues si bien se ha avanzado en beneficios como el de la pensión, sigue latente las deficiencias a nivel de seguridad laboral y protección de las familias, sin contar, que aún hay quienes se dan a la tarea de despedir a los empleados sin ton ni son”.

Concluye diciendo “no se puede negar, contamos con un estamento laboral de gran contenido. Si se cumpliera al pie de la letra gozaríamos de la mejor protección laboral de Latinoamérica, pero, desafortunadamente, no existe un órgano que realmente regule la materia, que le dé garantía a lo que establece la LOTTT; aún hay vicios entre los funcionarios públicos garantes de su cumplimiento, aún la Ley no se aplica como debe ser, ni siquiera, en las instituciones públicas”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here