Fuego cruzado II: la ofensiva revolucionaria

El gobierno bolivariano siempre priorizara la inversión social. Las leyes habilitantes firmadas por el Presidente Nicolás Maduro apuntan en este sentido, beneficiando a todas las clases sociales. Con estos instrumentos jurídicos se propone entonces crear un sistema “más justo, más eficiente y con suficiencia recaudatoria”. En Venezuela se espera que aumente la recaudación tributaria hasta 150 mil millones de bolívares en el año 2015. Esta recaudación será destinada a la educación, obras de infraestructura, bases de misiones socialistas, Barrio Adentro y Misión Alimentación. El gobierno asegura la inversión social para el año 2015. Así la reforma del IVA estipula un incremento de alícuota para los artículos de lujo del 15%, que se sumarían al 12% ya establecido, lo que representa el 27% de impuesto de productos vinculados al lujo, tales como yates, aviones o grandes propiedades. Por ejemplo comparando las supuestas realidades desarrolladas, la media europea del IVA estaba en 43,4% y en España se sitúa en el 52%.
La Reforma al Código Orgánico Tributario, dirigida a contribuyentes especiales, empresas extranjeras que producen sobre 220.000 UT al año y evitar la evasión de impuestos. Todos los países cobran a empresas extranjeras en función a los beneficios que aportan: Brasil y Colombia 34%; Argentina 35%, Estados Unidos 35%; Japón 38%. La inversión extranjera no se irá, muy por el contrario, el mensaje que se envía es que en Venezuela hay las condiciones y estabilidad para invertir. Se obtendrían recursos por esta vía por el orden de los 71 millones de bolívares.

Hugbel Roa

Por otro lado, la Ley Antimonopolio para evitar la “cartelización y el control de la demanda por parte de trasnacionales o de grupos” y los que utilizan esta forma de explotación económica para forzar a la sociedad para sus intereses particulares. Se crea la Superintendencia Antimonopolio, que sancionará a los infractores con multas de hasta 10% del valor de los ingresos brutos anuales y en segundo caso aumentará al 40%. En la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio-Productivo de la Patria, la creación de las zonas económicas especiales de desarrollo. Se repotencia. Se vislumbra la creación de las zonas económicas especiales de desarrollo de los distintos motores de desarrollo económico y de las zonas integrales de desarrollo son niveles que se expresan por escala regional y por su especialización.
En materia Agroalimentaria se busca levantar y mejorar cuantitativamente la producción. Se crean las Juntas Locales de Administración que prevén la incorporación de los trabajadores en la supervisión y el control del proceso productivo. Se propone fortalecer el seguimiento y control a los procesos productivos de almacenaje, de producción y de distribución de todo lo vinculado a la producción nacional. Esta visión se complementa con la reforma a la Ley de Precios Justos, incorporando la figura de confiscación de los productos y bienes que se capturen en labores de contrabando. En la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos se sanciona la promoción o estimulación directa o indirecta para comisión de ilícitos, los que presenten documentación falsos o forjados, información que no refleje su verdadera situación. Se busca evitar el fraude.

La batalla en el frente político gira en torno al Comité de Postulaciones Electorales para renovar a las autoridades del CNE. La oposición política ha comenzado una campaña de descredito sobre cualquier actuación del CNE. En esta tramoya está involucrada la gente de Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Comunidades del Grupo La Colina y SUMATE. Se sigue el esquema de presión interna por parte de ONGs, fachadas creadas para tal fin, como lo recomienda el manual de Gene de Sharp para el golpe continuado. Hay constancia de sobra de la actuación del poder electoral y el CNE en todas aquellas situaciones en las que estuvo involucrado. Es un sistema en el que se hacen auditorias antes, durante y después de cada elección, además de la auditoria hecha por insistencia de la oposición aleatoriamente y todas estas cuentan con la presencia de testigos de la oposición. En ninguno de los casos hubo el menor indicio de fraude y en todas los representantes de sectores opositores no objetaron absolutamente nada sobre el proceso, ni los supuestos ventajismos.

La contraloría social sobre el proceso es un derecho conquistado en revolución y lo defendemos. Cualquier ciudadano puede impugnar, teniendo las evidencias fácticas sobre el hecho en sí. Lo que no se puede aceptar son maniobras y presiones sin conocimiento de causa. El “planteamiento” hecho por la exdiputada Machado acerca del retiro de la postulación de las doctoras Lucena y Oblitas, por “la falta de confianza por parte de los venezolanos” y el supuesto de “que nadie sabe quiénes son los que votan” son argumentos subjetivos y reduccionistas. La principal virtud del CNE es la inviolabilidad del voto y existen mecanismos aprobados y comprobados en efectividad para contrarrestar la duplicidad del voto como la capta-huella. Esta temeraria acusación es una tamaña contradicción de una persona que se presentaba ante la opinión pública nacional e internacional como la “diputada más votada”. No corresponde al CNE evaluar este tema, sino es competencia a la AN.

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