Pese a que la apelación fue desechada por la Corte, la defensa continúa firme en el hecho de que el tribunal penal que juzga al líder nacional de oposición, debe tomar en cuenta las recomendaciones internacionales de dejarlo en libertad.

Leopoldo López

A poco más de un año de su aprehensión y encarcelamiento en Ramo Verde, la “libertad” del dirigente nacional del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López, continúa en “veremos”; y es que, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas declaró “sin lugar” el recurso de apelación que los abogados defensores, Juan Carlos Gutiérrez y Francisco Santana, interpusieron en contra de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Octavo en funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal.

Tal como trascendió a inicios de esta semana, tras la exhaustiva revisión de los argumentos presentados por los mencionados juristas, el juzgado consideró que se encuentra debidamente “motivada” la decisión, dejando claro además que “no hubo infracción del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni se configuró la falta de aplicación de los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal”.

En su fallo -con fundamento en las sentencias 1942/2003 y 1939/2008 de la Sala Constitucional del TSJ- la Sala de Apelaciones explica que la Carta Magna venezolana “no dispone expresamente la obligatoriedad del cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales, menos aún cuando el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo que emitió fue una recomendación a la República Bolivariana de Venezuela, en cuya opinión existen contradicciones y hechos inexactos que fueron advertidos por dicha Corte de Apelaciones”.

En tal sentido, el órgano jurisdiccional mantiene la medida de privativa de libertad contra Leopoldo López y ratifica a la cárcel de Ramo Verde como sitio de reclusión, siendo preciso recordar que la Fiscalía imputó a López los delitos de: asociación para delinquir e instigación a la violencia con uso de bombas incendiarias.

Todo comenzó en febrero 2014

Se aduce que el encarcelado dirigente político habría sido el autor intelectual de las protestas que el 12 de febrero del pasado 2014 se registraron en las inmediaciones de la Fiscalía General, durante un acto que exigía la libertad de apresados en Coro y San Cristóbal, y que terminó traduciéndose en una serie de hechos violentos que se extendieron por cerca de cuatro meses y dejaron un saldo de 43 muertos y centenares de heridos y detenidos.

Un señalamiento directo por parte del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, –con una orden de captura en su contra- alertó al líder de VP quien, convencido de su inocencia, decidió entregarse a las autoridades el 18 de febrero del mismo año. Desde entonces, apostó a la “justicia” en medio de un proceso legal que sus seguidores han tildado de “incierto”, dadas las “irregularidades” que lo habrían caracterizado.

Y es que, después de múltiples interrupciones de las audiencias preliminares –que lograron concretarse luego del mes de junio- se dio paso a un juicio que, de acuerdo al abogado Gutiérrez, se mantiene a lo largo del tiempo “sin ninguna evidencia, sin ningún soporte que permita su viabilidad y continuidad”, tanto así, que el recurso de apelación que introdujeron en 2014 no fue remitido a la Corte respectiva sino hasta este 2015, tras un recurso de amparo que presentaron en contra de la oficina distribuidora del expediente del circuito penal de Caracas.

Entre tanto, Lilian Tintori, esposa del apresado, ha denunciado la permanencia “intermitente” de López en “una celda de castigo”, acumulando aproximadamente unos “cinco meses sin ver la luz del sol”, advirtiendo también que teme por la vida del líder opositor, teniendo en cuenta que en los últimos meses ha sido víctima de “tratos inhumanos” y “torturas”, aunque, esto último sea negado por las autoridades.

“Desenmascarando al régimen de Maduro”

Sin embargo, este caso tendría algo positivo a juicio de Gutiérrez, el también abogado defensor Bernardo Pulido y Tintori, quienes –según reseña de El Nacional- consideran que estos 13 meses de “encarcelamiento injusto” han “desenmascarado al régimen de Nicolás Maduro, dejando en evidencia toda la faceta represora, persecutora, antidemocrática y violadora de derechos que ha conllevado a gobiernos y organizaciones mundiales de Derechos Humanos a pronunciarse urgentemente ante esta situación”.

Se refieren a las “recomendaciones internacionales” reiterando que “los Tribunales y la justicia venezolana tienen que acatar las obligaciones que tienen con el respeto a los Derechos Humanos, que en ningún momento es injerencia, se trata del cumplimiento del contexto Constitucional a lo que nosotros mismos decimos hacernos parte con la firma de pactos y tratados internacionales”, pero “lo que se ha hecho es incrementar la mora que ya se tiene con el cumplimiento y obligaciones internacionales”.

La base del exhorto

Dicho esto, es preciso hacer mención a la base de las recomendaciones realizadas por el relator del Comité de la Tortura, Juan Méndez, en medio de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Recuerda Pulido: “La primera basada en el uso indiscriminado de la fuerza pública en el control de las manifestaciones, y la segunda en el trato que tienen las personas privadas de su libertad, pues la prisión no puede usarse como forma de tortura y no puede atentarse contra la integridad física y moral de los detenidos. Este ha sido justamente el caso de Leopoldo López, quien en su privación de libertad ha sido vejado física y psicológicamente, imponiendo restricciones que no son aceptables ni admisibles en ningún caso”, finaliza el profesional del derecho.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here