Para un considerable número de propios y foráneos, Venezuela se ha convertido en sinónimo de polémica. Y es que, luego de un 2013 de controversias tras el fallecimiento del Jefe de Estado Hugo Chávez Frías, y contiendas electorales en las que se jugaba la estabilidad del país, este 2014 se ha visto envuelto en una serie de protestas pacíficas entre las que la petición de renovar los Poderes Públicos que ha marcado pauta.

Un proceso solicitado como parte de una lucha para recuperar –a pulso- la democracia y confianza en la justicia de la nación, convirtiéndose actualmente en un verdadero reto político y cívico al cual se abrió paso con la voluntad de la Asamblea Nacional, mostrada en sesión ordinaria del 1° de abril del año en curso, cuando el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció la designación de los diputados que integrarían el Comité de Postulaciones Judiciales (órgano asesor del TSJ para la selección de los magistrados).

Pero ¿qué pasa con las autoridades de estos poderes?, ¿están vencidas?, ¿hay vacantes?, ¿qué mecanismos establecen –al respecto- las leyes venezolanas?

Requisitos para ser magistrados del TSJ

  • El Art. 37 de la LOTSJ exige que el aspirante sea abogado de moral y ética intachable, con plena capacidad mental, sin previas condenas ni sanciones administrativas.
    Renunciar a cualquier partido político.
  • No tener vínculo –hasta el 2° de consanguinidad o 3° de afinidad- con los magistrados del TSJ, presidente o vicepresidente de la República, ministros, fiscal general, defensor del Pueblo o del Público en General, contralor, rectores ni procurador general.
  • No mantener relación estable con algún magistrado, ni realizar alguna actividad incompatible con lo que exige el cargo.
  • Contar con título universitario con especialización en materia jurídica
    Declararse responsable por los delitos o faltas que pueda cometer durante el ejercicio de sus funciones.

En mora…

De acuerdo a lo manifestado hace poco más de un mes por el diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo (UNT), urge la renovación de Poderes Públicos como el Moral, el Judicial con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Electoral; por encontrarse en mora desde 2011, 2012 y 2013, respectivamente.

Dicho esto, algunos se preguntarán qué pasa –por ejemplo- con el Poder Moral. Pues como se recordará, el 20 de junio de 2011 falleció –motivado a un accidente cardiovascular- Clodosbaldo Russián, Contralor General de la República desde 1999, quien fue ratificado en el cargo en el 2000 (por el parlamento nacional) y reelecto en 2007 para el periodo 2008-2014.

Sucede que tras su desaparición física, la subcontralora, Adelina González, fue designada como contralora encargada, sin concretarse a esta fecha la oportuna designación de quien será el nuevo titular de este órgano responsable del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, que González considera han brillado por su ausencia hasta estos días.

Una desidia a la que no escaparía el Poder Judicial, teniendo en cuenta que once de sus magistrados se encuentran en una análoga situación, dado que, tal como lo reconoció Cabello: unos han cumplido su tiempo y otros han sido jubilados. Entre tanto, a tres de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) se les venció el periodo hace poco más de un año (28 de abril de 2013), siendo estos: Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz; junto a sus seis suplentes.

Lo cierto es que, tal como –en su oportunidad- recalcó el diputado González “para ello la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene procedimientos muy bien definidos”, incluyendo “el proceso de elección de estas autoridades (…)”.

Lo que “dicen” las leyes

Según el artículo 67 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), el Comité de Postulaciones Judiciales será el encargado de seleccionar, mediante un proceso público, a los candidatos a magistrados al TSJ que posteriormente serán presentados al Poder Ciudadano; como parte de una preselección en los términos que se establecen en el artículo 264 de la Carta Magna.

El Poder Ciudadano deberá –a excepción de una causa grave- respetar la selección del Comité de Postulaciones Judiciales, siendo preciso destacar dentro de este contexto que la misma Ley reza, en su artículo 38, que los magistrados del TSJ serán designados por la AN durante un periodo único de 12 años y mediante dos importantes preceptos. El primero: cuando sea recibida la segunda preselección que consigne el Poder Ciudadano -de conformidad con el artículo 264 y en sesión plenaria convocada, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación- la Asamblea Nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros.

El segundo: en caso de que no se logre la mayoría, se convocará a una segunda sesión plenaria, y si tampoco se obtuviese el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes, se convocará a una tercera sesión; si en ésta tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán las designaciones con el voto de la mayoría simple.

Se dio el primer paso

Como se comenta a inicios de esta edición, después de los múltiples llamados encabezados por la llamada Alternativa Democrática, se dio el primer paso. El presidente de la AN nombró a los tres diputados por el Psuv (Elvis Amoroso, José Morales y Zulay Martínez) para el Comité de Postulaciones Judiciales, y a seis para la Comisión de Postulaciones Electorales (Blanca Eekout, Tito Oviedo, Earle Herrera, Orlando Zambrano, Rosa León y Hugbel Roa); quedando pendiente la incorporación del sector opositor con sus postulados.

Y es que, tal como lo establece el artículo 65 de la LOTSJ: el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por cinco representantes de la AN, así como también seis de la sociedad civil. Mientras que, en el caso del Comité de Postulaciones Electorales (según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Electoral- LOPE) se da cabida a 21 miembros: 11 designados por la AN y 10 que serán postulados por otros sectores de la sociedad.

El Consenso

Foto 2 Tema de la Semana AN

Requisitos para ser rector del CNE

  • Ser venezolano mayor de 30 años de edad, y gozar de derechos civiles y políticos. En caso de ser nacionalizado venezolano, deberán haber transcurrido 15 años desde ese entonces.
  • Tener 10 años de graduado, y haber ejercido durante el mismo lapso.
  • Tener experiencia o estudios de Postgrado en materia electoral, o afines, y no estar vinculado a organizaciones con fines políticos, ni haber sido condenado por delitos dolosos en los últimos 20 años.
  • No tener parentesco hasta 3° de consanguinidad y 2° de afinidad con el presidente de la República, ni titulares de los entes postulantes.
  • Los rectores electorales no podrán postularse a cargos de elección popular mientras se encuentren ejerciendo dichas funciones.
  • Quien ejerza la presidencia o vicepresidencia del ente rector del Poder Electoral deberá ser venezolano por nacimiento.

De manera que, alcanzar el consenso podría convertirse en la piedra de tranca de de la selección, siendo oportuno citar lo que el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) orienta en el comunicado que emitió –los primeros días del mes de abril- para aplaudir el inicio al proceso de renovación de los Poderes Públicos que la directiva de este organismo también había solicitado en una oportunidad.

“Reiteramos ahora algunos conceptos ya emitidos. La CRBV en su artículo 296 y la LOPE, en sus capítulos II y III, del Título II, establecen diáfana y detalladamente el procedimiento para la designación de los nuevos rectores (…) el seguimiento a la letra del procedimiento allí contemplado sería un importante paso inicial para avanzar en el muy necesario fortalecimiento de la confianza y credibilidad del árbitro electoral ante toda la sociedad venezolana (…)”.

“(…) para alcanzar la necesaria mayoría calificada de 2/3 de los integrantes de la AN -110 diputados- es indispensable el diálogo y la construcción de un consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el parlamento”.

“Ese consenso debería estar dirigido a la designación de tres venezolanas y venezolanos honestos y capaces, sin vínculos con organizaciones con fines políticos (Art. 9 de la LOPE) que por no ser incondicionales a ninguna línea partidista, no despierten desconfianza a ningún actor político relevante y sean vistos por TODOS los electores como capaces de llevar adelante los procesos electorales en condiciones de ‘igualdad, confiabilidad, transparencia y eficacia’ (art. 4 LOPE)”.

En ese orden de ideas, el diputado de la fracción parlamentaria de UNT ha advertido “no podemos permitir que pase en este proceso de renovación lo que pasó en la última elección de los Poderes Públicos. Donde una diputada de la AN del Psuv -electa por el pueblo- terminó siendo Defensora, o una diputada del Psuv terminó siendo rectora del CNE o algunos diputados del partido de Gobierno terminaron siendo magistrados (…) para tener instituciones autónomas, hay que escoger personas independientes”.

Un camino que transitar

¿Cuál es el camino a transitar? tal como lo manifestó Diosdado Cabello el mismo 1° de abril, una vez designados los cinco diputados de la AN que “abren un espacio para la consulta de crear un comité mucho más amplio que incluye a miembros de la sociedad civil. Se reúnen, se presentan los candidatos y se traen a la AN para la votación”.

¿Para cuándo el Poder Moral?

Pero, resulta que de la renovación del Contralor de la República nada se ha hablado. A juicio del legislador González: a razón de que este proceso en específico implica la puesta en marcha de un procedimiento distinto, explicando que en este caso “la Fiscalía y Contraloría son los entes que tienen que llamar –a crear- el Comité de Postulaciones conformado por 25 ciudadanos. Luego, se envía una terna a la AN para que elija con las dos terceras partes” a quien será la nueva autoridad.

Reza la Constitución venezolana (en su artículo 279) que si en un lapso no mayor de 30 días continuos no hay acuerdo en la AN, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

Voz y voto

Así pues, por lo pronto, no queda otra opción más que abocarse a todas esas gestiones que darán paso firme a la renovación de los poderes Judicial y Electoral, recordando el diputado a la AN miembro del Comité de Postulaciones, Juan Carlos Caldera, que constitucionalmente este proceso es ciudadano y los legisladores solo son un ente más.

“Esta discusión no puede quedarse en las paredes de la Asamblea Nacional. El pueblo tiene la oportunidad y el deber de intervenir en la escogencia de personas que respondan a los intereses del país y la constitución. Este proceso, es duro, engorroso, pero necesario. Invitamos a todos a que levanten la voz e inicien un debate público al respecto (…) No podemos hacerlo solos. El pueblo debe involucrarse en acciones, pero además en la opinión pública nacional que se convierte en un mecanismo de presión para que todo esto se dé”.

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