A escasos días de la audiencia preliminar que se extendió por más de 72 horas y, en la cual, el Tribunal Décimo Sexto de Control de Caracas –a cargo de la Jueza Adriana López- determinó que Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, deberá ir a juicio y por lo pronto permanecer recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, no se hacen esperar las opiniones encontradas, pues mientras algunos aplauden la decisión, otros tantos hacen público su rechazo.

Y no se trata única y exclusivamente del venezolano común, sino también de quienes integran la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH); atentos a este caso desde su inicio, tras comunicado emitido el pasado 21 de febrero para exigir al Estado venezolano el cumplimiento de las garantías del debido proceso.

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“El Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En ese sentido, los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso”.

Continúa en el texto: “así mismo, la Comisión reitera que resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos”.

Dicho esto, es preciso recordar que todo comenzó con las protestas estudiantiles que el 12 de febrero del año en curso se registraron en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República, para solicitar la libertad de los estudiantes presos en Coro y San Cristóbal; en dichas protestas se produjeron hechos violentos que se le atribuyen al dirigente progresista, al punto de imputársele cuatro delitos (instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir), por los cuales, de ser declarado culpable, Leopoldo López podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión.

Pero ¿qué pasó ese 12 de febrero de este 2014? La ciudad de Caracas se sumó a las protestas estudiantiles que diez días antes se iniciaron en varios estados del país como Táchira, Trujillo, Carabobo, Zulia y Lara, en rechazo a la inseguridad, el alto nivel de la inflación, la escasez de los productos básicos, la presunta vulneración de los derechos civiles, las políticas económicas del gobierno venezolano. En resumen, en rechazo a la gestión del Jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Aunque los jóvenes fueron los protagonistas de las acciones de calle, dirigentes de oposición de Venezuela estuvieron al frente de la convocatoria (para unos pacífica y para otros no) entre ellos el mencionado líder de Voluntad Popular, quien llamó a una marcha para el 12 de febrero, Día de la Juventud. Por su parte, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, hizo un llamado a los estudiantes para celebrar el Bicentenario de la Batalla de La Victoria.

Estudiantes afectos al gobierno y a la oposición se concentraron desde tempranas horas en los puntos acordados, en Plaza Venezuela para partir a la Fiscalía General de la República y en Plaza O’Leary para partir a La Pastora, respectivamente, con la salvedad de que minutos más tarde se desataron (en los alrededores del Ministerio Público) hechos violentos que dejaron el lamentable saldo de tres muertos y decenas de heridos.

De inmediato, funcionarios del Gobierno como el Canciller Elías Jaua, tildaron a López como el “responsable” de lo sucedido, siendo preciso destacar las palabras que el presidente Nicolás Maduro expresó –al respecto- durante los actos de la Juventud celebrados en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

“Toda la información que manejo indica que conocemos a los autores materiales (…) todo se preparó con alevosía y están identificados también los autores intelectuales.” Según información suministrada por la fiscal Ortega Díaz “pequeños grupos fascistas infiltrados destrozaron toda la fachada de la fiscalía (…) yo llamo a la paz a la oposición y a todos los que quieran desestabilizar a nuestra Patria”.

Un señalamiento directo por parte del Jefe de Estado -con una orden de captura en su contra- alertó a López, quien decidió entregarse el 18 de febrero, después de encabezar una concurrida concentración durante la cual no se hicieron esperar demostraciones de afecto.

¿Criminal o preso político?

Entonces ¿será o no culpable?, ¿habrá o no justicia?, ¿es Leopoldo un criminal o un preso político? Según el mismo detenido dijo a la jueza no es más que un “preso político” y todo por haber “denunciado al Estado venezolano y a sus principales responsables como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Estoy preso por haber denunciado a viva voz que en Venezuela no hay democracia […] estoy preso por haber denunciado que en Venezuela vivimos una dictadura”.

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Palabras más, palabras menos, que fueron sustentadas por un texto escrito por el mismo López y una documentación exhaustiva (presentada también en rueda de prensa de cara a la que sería su primera audiencia preliminar el 8 de mayo) que, a juicio de uno de sus abogados defensores, Juan Carlos Gutiérrez, destruye y pulveriza los argumentos del Ministerio Público para este juicio.

Y es que, tal como el penalista recalcó en una oportunidad, “este caso es una crónica de un preso político, anunciada desde las altas esferas del poder nacional […] sin duda alguna, Leopoldo López es un preso de conciencia, porque simplemente se encuentra detenido por expresar su pensamiento, sus ideas, por criticar al Gobierno”.

Entre tanto, 120 evidencias fueron presentadas por la parte acusadora de manos de 76 testigos (54 policías y 15 funcionarios de seguridad de la Fiscalía) Un panorama que Gutiérrez catalogó como “malicioso” considerando que 92% de las pruebas fueron provenientes del Gobierno y 95% de los testigos fueron funcionarios dependientes del Estado y “sólo uno (identificado como Luís Rivas Ulloa-funcionario del Ministerio Público) alega –sin base- que Leopoldo López amenazó con quemar la fiscalía”.

¿De qué se le acusa entonces? “Me acusan de intentar romper el hilo constitucional por proponer un cambio de gobierno en mis palabras y discursos. La verdad, el hilo constitucional está roto en Venezuela desde hace mucho tiempo”, fue publicado en la cuenta de Twitter del dirigente nacional de la tolda naranja en referencia a lo expresado por López tras las acusaciones en su contra.

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Lo cierto es que pese a los argumentos presentados por la defensa, la magistrada dio “luz verde” a la petición de la Fiscalía, llevando a juicio oral al líder de VP. Esto tira por la borda la consideración de su equipo defensor de que a López se ha debido otorgar la libertad, luego de finalizada la audiencia, si la juez Adriana López hubiese actuado “apegada a derecho y no a una parcialidad política”, expresó el abogado Roberto Marrero.

Al respecto, el abogado penalista y ex decano de derecho de la UCV, Alberto Arteaga Sánchez, recalcó (en entrevista concedida al equipo periodístico de El Mundo) “la regla es que cualquier juicio sea en libertad y en este caso están apresando injustamente al dirigente que se entregó a la justicia, a sabiendas de que en este país el sistema judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo. Sólo hay juicios en prisión, sobre todo en materia penal, cuando hay peligro de fuga del imputado o se presuma que este interfiera en el proceso judicial. Este no es el caso del líder de Voluntad Popular”.

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