4 dirigentes de oposición –y candidatos a la Asamblea Nacional- han sido inhabilitados recientemente por la Contraloría General de la República: Daniel Ceballos, Enzo Scarano, María Corina Machado y Pablo Pérez.

La situación parece “predecible” por tratarse de un año electoral; y es que para la oposición las inhabilitaciones son simplemente retaliaciones políticas contra los que adversan al gobierno. Aunque el oficialismo argumenta que son actos de justicia contra la corrupción.

Inhabilitados en Venezuela

Pero más allá de la diatriba política, es menester comprender qué es una “inhabilitación”. Tratando de definirla podemos comenzar por reseñar que se trata de una palabra compuesta, conformada por el prefijo “in”, que denota privación y la palabra habilitación, que proviene del latín “habilitas”, cuyo significado es “habilidad”.

El abogado Jorge Haskur explicó, en entrevista con El Semanario, que es importante establecer la diferencia entre lo que es la inhabilitación política y lo que es la inhabilitación administrativa.

“La primera está estrechamente vinculada a una decisión jurisdiccional, que limita de manera accesoria el ejercicio de un derecho fundamental, es decir, los derechos políticos, producto de una condena por delitos cometidos contra el patrimonio público, mientras que la segunda, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es una sanción inferida por Contraloría General de la República y demás órganos adscritos, luego de garantizado el derecho a la defensa y al debido proceso del particular-investigado, a través del correspondiente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades”, detalló el jurista.

Ahora bien, ¿por qué se dan las inhabilitaciones?

Haskur nos recuerda que nuestra Carta Magna, establece en su artículo 139, que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación a la Constitución o de la ley, en virtud de ello, todo servidor público que cometa un delito o una falta será penalizado con arreglo a la ley.

“Partiendo de este axioma, podemos decir que todo servidor público y/o funcionario o empleado público, de los que define la Ley Contra la Corrupción, es responsable por sus acciones u omisiones durante y después del ejercicio de las funciones públicas, es decir, aunque se desprenda del cargo o sesén sus labores, de por vida asumirá la responsabilidad por lo que hizo o dejó de hacer, en detrimento del patrimonio público”, precisó el entrevistado.

Anteriormente, según este profesional del derecho, “los hechos dolosos contra el patrimonio público se circunscribían en Delitos de Salvaguarda y Patrimonio Público, los cuales ciertamente prescribían a los 5 años de haber sido perpetrados, lo que trajo como consecuencia el aumento de la impunidad frente a esta conducta antijurídica; luego la revolución, en un gesto noble respecto a lo sagrado del Patrimonio Público, promulgó la Ley Contra la Corrupción, que entre sus tendencias innovadoras, eliminó la prescripción de estos delitos”.

Además agregó Haskur: “podemos referir que el funcionario público, como sujeto de derecho y obligaciones y en estrecha relación frente al Estado y la sociedad, es y será siempre responsable por su conducta, la cual no solo se limita al ámbito público, sino que puede alcanzar hasta lo privado y personal del funcionario”.

Así pues, encontramos un catálogo constitucional y legal de responsabilidades, a saber: civil, penal, administrativa, disciplinaria, política y moral.

Ahora bien, “es necesario a la luz de la legalidad, aclarar que por la propia condición de funcionario público, es sujeto capaz de ser investigado por la Contraloría General de la República y demás órganos de control adscritos, a instancia de parte o a solicitud de cualquier organismo o funcionario público competente, siempre que existan elementos de convicción o prueba que permitan presumir la responsabilidad”.

Según el Dr. Haskur “si de la investigación se desprenden elementos que demuestren la comisión de hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal previstos como supuestos generadores de responsabilidad administrativa, se dará inicio al respectivo Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, garantizando al particular el derecho a la defensa y al debido proceso”.

Jorge Haskur: “Más allá de las voces agoreras de quienes pretenden hacer un ‘Reality Show’ con esto, debemos reconocer que el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de las y los servidores públicos está establecido en nuestro Ordenamiento Jurídico” / Archivo
Jorge Haskur: “Más allá de las voces agoreras de quienes pretenden hacer un ‘Reality Show’ con esto, debemos reconocer que el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de las y los servidores públicos está establecido en nuestro Ordenamiento Jurídico” / Archivo

Marco jurídico

“Sin lugar a dudas, y más allá de las voces agoreras de quienes pretenden hacer un ‘Reality Show’ con esto, debemos reconocer que el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de las y los servidores públicos está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes; estas últimas (leyes) sancionadas por la Asamblea Nacional, donde concurrieron las voluntades aprobatorias de los parlamentarios chavistas y no chavistas”, señaló el abogado.

¿Justicia o estrategia electoral?

Para Jorge Haskur las inhabilitaciones son un tema de justicia, porque “la justicia tarda pero llega”.

“Hay cientos de personas (exfuncionarios) inhabilitadas, y es un deber no solo del Consejo Nacional Electoral impedir su participación en los próximos procesos electorales, sino de cualquier órgano de la Administración Pública, permitir que una persona sobre la que pesa una inhabilitación vuelva a formar parte de la Administración Pública durante el lapso que determina su inhabilitación”, opinó.

Además, fue enfático al advertir que “si el CNE, se aleja de la función rectora de regular todos los procesos electorales en el país, y por presiones políticas partidistas de quienes pretenden hacerse del poder por cualquier vía, permite que participe un candidato sobre quien pesa una inhabilitación administrativa sería la traición más grande que pueda recibir el electorado, frente a esa oferta engañosa”.

Caso a caso

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) María Corina Machado, quien fue destituida del Parlamento en marzo de 2014, es nuevamente noticia. La dama fue inhabilitada durante un año, y esto se debe a no cumplir con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción, o como lo habría asegurado el diputado oficialista Diosdado Cabello “por negarse a realizar su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) de forma transparente y apegada a la realidad”.

Pablo Pérez, por su parte, fue inhabilitado por 10 años. ¿La razón?: Violar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República y del Sistema de Control Fiscal. El exgobernador del Zulia aseguró que estas sanciones consisten en la estrategia gubernamental para sacar del juego a candidatos con opciones a los liderazgos. “Lo importante es prepararnos para movilizarnos y defender el voto, ahora con más fuerza, porque iremos con la tarjeta única”, habría declarado.

En lo que respecta al exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, se conoció que éste dijo enorgullecerse de no haber sido inhabilitado por actos de corrupción, sino por una interpretación presuntamente errada de la Contraloría, a la cual –según él- apelará en los lapsos correspondientes.

Scarano advirtió que en caso de que la sentencia en su contra prospere, su puesto como candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 3 de Carabobo será ocupado por una mujer carabobeña.

Cabe resaltar que la Controlaría General de la República lo suspendió por 12 meses para ejercer cargos públicos, de acuerdo con una resolución enviada a su esposa Rosa de Scarano, alcaldesa de San Diego, debido a que él tiene empleo en ese municipio.

En este mismo orden de ideas, cabe resaltar la inhabilitación de Daniel Ceballos, detenido por su presunta relación en los acontecimientos ocurridos el 12 de febrero de 2014. Según reseña el texto oficial, la Contraloría General de la República declara sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado Judicial del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, y se confirma en todos sus términos la resolución que en ella se menciona.

“De esta manera, queda reflejado en todos sus términos que Daniel Ceballos no podrá ejercer cargos públicos durante 12 meses”.

Inhabilitados, ¿y ahora qué?

Jesús “Chuo” Torrealba, secretario general de la MUD, aseguró que los inhabilitados serán apoyados hasta el final y, en caso de que el Consejo Nacional Electoral no les permita inscribir su candidatura, “el suplente asumirá su posible curul”.

¿Qué es una inhabilitación?

Inhabilitación: palabra compuesta, conformada por el prefijo “in”, que denota privación y la palabra habilitación, que proviene del latín “habilitas”, cuyo significado es “habilidad”.

Sabía usted que…

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció en torno a estos casos advirtiendo que “las únicas inhabilitaciones las hace el pueblo”. “No hay inhabilitación política. Cualquier inhabilitación o proscripción política no se puede implementar desde el punto de vista administrativo. Tiene que tener un contenido diferente”, indicó Almagro en una entrevista en CNN en español. “La elección debe estar abierta a todos los ciudadanos en condiciones jurídicas y legales de participar. Las únicas proscripciones las puede hacer el pueblo cuando te vota o no te vota. Las únicas inhabilitaciones las hace la gente. Todo lo demás es forzar la situación política”, comentó.

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