Ante las protestas de estudiantes que se han registrado desde el pasado mes de febrero, traducidas en hechos violentos que lamentablemente han dejado un número significativo de personas fallecidas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha pronunciad contra de alcaldes y otros líderes de oposición para “restablecer el orden en el país y garantizar la paz y seguridad a la ciudadanía”. No obstante, estas medidas han generado polémica sobre lo que los opositores han calificado como “una ofensiva judicial del Gobierno para hacer frente a sus adversarios”. Ante ambas posiciones cabe preguntarse si los llamados opositores detenidos son realmente criminales, o simplemente perseguidos políticos.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAunque muchos pudieran responder de una manera muy subjetiva a partir del bando político que respalda, esta interrogante debe tener una respuesta precisa respaldada por estamentos legales. Por ello, el equipo periodístico de El Semanario no dudó en entrevistar a quienes pudieran conducirnos a una visión más precisa de las medidas que, en principio, se aplicaron al opositor Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde desde el pasado 18 de febrero, tras imputársele cuatro delitos que habría cometido luego una marcha convocada para el 12 del mismo mes.

Instigación publica, daños a la propiedad, determinador en el delito de incendio intencional (autor intelectual) y asociación para delinquir (tipificado con penas que van de 6 a 10 años de prisión), son los delitos que a juicio del abogado Rafael Peña, fueron debidamente comprobados “considerando que Leopoldo incitó a la violencia en las protestas, al impulsar –a través de los medios de comunicación- una estrategia que fue bautizada como ‘La Salida’ con la pretensión de forzar la salida del Jefe de Estado ¿Cómo lo lograría? mediante la presión en las calles con eventos que se originaron en Chacao y extendieron a otros municipios del país”.

Peña agrega que, dentro de este contexto “es preciso resaltar la buena voluntad del Estado de resguardar la integridad física del líder de oposición, siendo advertido sobre el riesgo que corría al ser utilizado como carne de cañón por quienes tienen intereses políticos en este país” dejando claro que “es precisamente tras dicha alerta, que López decide entregarse (sirviendo de mediador ante la familia el diputado y presidente de la Asamblea Diosdado Cabello), y es que el representante nacional de Voluntad Popular, ignoró el primer llamado y, es a partir de dicho desacato, que se dicta orden de captura en su contra. Claramente, se respetaron todos sus derechos”.

Dicho esto y al ser consultado en torno al caso del alcalde del municipio San Cristóbal, Daniel Ceballos, detenido la noche del martes 20 de marzo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (con una orden emitida por el Tribunal 1° de Control del estado Táchira) y quien fue condenado a 12 meses de prisión, con cese de sus funciones, por desacato al TSJ, por no evitar las barricadas en esa jurisdicción. El profesional del derecho afirma que se trata de un caso similar “al incurrir en los delitos de agavillamiento y rebelión civil” resumidos por Peña en el hecho de que “no solamente dejó de cumplir las obligaciones que la Ley le impone como máxima autoridad local, sino que además hizo caso omiso a la violencia irracional que se desató en la capital de dicha región, San Cristóbal, epicentro de las protestas en Venezuela”.

Así mismo, el doctor Peña hace mención al caso del alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, especificando que “en vista del desacato a las órdenes de impedir barricadas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictamina orden de prisión por 10 meses y 15 días a este burgomaestre, siendo además destituido de su cargo”.

En resumidas cuentas –continúa- ambos alcaldes venezolanos violaron los preceptos constitucionales contemplados en el artículo 178 de nuestra Carta Magna, referente a la responsabilidad administrativa que estos funcionarios públicos tienen dentro de sus jurisdicciones, más allá de su ideología política, reducidas en la importancia de mantener las vías libres para el tránsito vehicular o peatonal, el resguardo de la seguridad de niños, jóvenes y adultos, el resguardo del derecho a la educación y otros tantos que conforman una sumatoria de violaciones de derechos constitucionales que, así pues, desencadena el pronunciamiento de un gobierno que preocupado por la magnitud de los hechos, interpone el recurso de amparo ante el TSJ”.

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“El Estado soy Yo”

De allí la preocupación de los adversarios al gobierno, entre los que destaca el también entrevistado José Gregorio “Cheo” Hernández, Diputado a la AN, por el estado Aragua, quien lamenta que “en Venezuela no exista separación de poderes, ni mucho menos la autonomía que estos tienen de acuerdo a los establecido en la Constitución de la República Bolivariana, siendo una prueba fehaciente de ello el hecho de que el presidente Nicolás Maduro sea quien ordene a la Fiscalía General de la República la apertura de los procedimientos que se traducen en la captura de estos políticos o destituciones de sus cargos”.

En ese orden de ideas, el parlamentario considera que “la máxima autoridad venezolana viene usurpando funciones que no son de su competencia y además respaldado por la Fiscalía del Ministerio Público y el alto Tribunal de la República, al acatar y cumplir las arbitrarias órdenes de Maduro”. Así pues, Hernández asegura que “el Poder Judicial brilla por su ausencia en nuestro país, un país con 95% de impunidad que se refleja en los miles y miles de casos de violencia que cobra la vida de personas inocentes (…) Entonces, a partir de esa premisa, nos damos cuenta que tanto la aprehensión de Leopoldo López, como todo lo que ha pasado con los alcaldes Ceballos y Scarano no tiene base legal, y no me voy a referir a los aspectos jurídicos pues simplemente no existen”.

Contrario a lo que afirma Peña, Hernández sostiene que “aquí se han violado todos los derechos de estos funcionarios públicos (…) los citan para una audiencia a primera hora de la mañana, pero, tan sólo un par de horas después están presos y destituidos de sus cargos. No hay presunción de inocencia, no hay derecho a la defensa, ni mucho menos respeto a la autonomía que tienen los municipios”.

¿Golpe de Estado?

Asimismo, el parlamentario de oposición recuerda que, considerando que los revolucionarios y socialistas le atribuyen las protestas estudiantiles de las últimas semanas a la pretensión de sus contrincantes de orquestar un golpe de Estado, “en toda la historia republicana, han sido los estudiantes quienes han protagonizado eventos que, de una u otra manera, han transformado la historia del país. Los estudiantes han sido quienes, de manera irreverente, se han enfrentado a diferentes gobiernos, mayormente, en defensa de su democracia, una democracia de la cual, en los últimos casi 15 años, existe una gran reserva (…) si alguien en este país sabe de golpe de Estado son precisamente ellos, siendo conveniente recordar que para que esto se pueda concretar se requiere de la intervención del estamento militar, manipulado en su totalidad por este gobierno nacional. De estar errada mi persona, pues entonces que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hagan público los nombres de los castrenses que estarían actuando de la mano del estudiantado”.

El detonante

Entonces, ¿cuál es el detonante real de las protestas?, ¿el gobierno está actuando en resguardo del pueblo venezolano, o le teme al poder que pudiera tener el sector opositor? El abogado Rafael Peña considera que “si visualizamos de manera objetiva los eventos que se han suscitado a nivel nacional, puedo afirmar que el Estado tiene la razón, y es que sus adversarios simplemente están abriendo una brecha para agravar el panorama que no beneficiará a ningún venezolano, sino a sus individualidades políticas (…) si la pretensión real es dar un Golpe de Estado, pues estos personeros siguen pifiando al irrespetar la decisión de la mayoría; Nicolás Maduro resultó Presidente de Venezuela por voluntad popular y la voluntad popular merece respeto”.

Esta posición es rechazada por el Diputado Hernández quien señala “si del respeto de la voluntad popular se trata, pues ya fue violada la voluntad de un pueblo que en un proceso electoral –legal- eligió a Scarano como alcalde del municipio San Diego (…) la realidad no es otra: ante la evidente ineficacia del gobierno su herramienta de defensa es la satanización de protestas pacíficas en las que infiltrados asesinan a diestra y siniestra –curiosamente- sin que se tomen medidas legales en su contra”.

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Diosdado Cabello ¿Diputado y Juez?

“Además de la amenaza lanzada contra otros alcaldes, Diosdado Cabello quien es un diputado de la AN tan igual como mi persona (con las mismas atribuciones, deberes y derechos) ha fungido como Juez al dictar contra la también legisladora María Corina Machado una sentencia con la cual la destituye de su cargo; una medida realmente inaudita con la que desconoce su legitimidad (diputada más votada nominalmente hablando). Esto es un linchamiento político con la única pretensión de quitarle la inmunidad parlamentaria a esta venezolana reconocida -incluso en el ámbito internacional- por su valentía en defensa de nuestra democracia”, afirma Hernández.

Cabe destacar que Diosdado Cabello basado en los artículos 149 y 191 de la Constitución, afirmó que Machado se desprendió automáticamente de su curul, y por ende de su fuero, al aceptar la representación de Panamá en la OEA. “Ya no hace falta el allanamiento a su inmunidad, ella perdió su investidura. Ya dimos la orden: no puede entrar a esta Asamblea”. Así mismo aclaró que no desistirán de la denuncia en la Fiscalía y que ahora agregarán traición a la patria.

El artículo 149 establece que los funcionarios públicos deben ser autorizados por la AN para aceptar cargos de otros gobiernos y el 191, que los diputados no podrán ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo tareas docentes o accidentales sin dedicación exclusiva.

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